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Mexican government seeks sustainable growth in Santiago el Pinar

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Just a few years ago, Santiago el Pinar was a dot on a map, an isolated farming community in the Chiapan highlands. One of the poorest municipalities in the poorest state in Mexico.

Today, colorful standardized houses cling to the hillsides connected by paved roads and sidewalks. The community has its own hospital and pre, elementary and high schools provide education for youngsters living in the town. They are the works of the “rural city,” a government social engineering project concerning poverty and indigenous rights.

First recognized as a community in 1934, Santiago el Pinar was formally founded as a municipality 12 years ago. A 2005 census counted 2,174 residents, 96 percent of whom spoke an indigenous language. Almost all residents worked in agriculture, and two-thirds were illiterate. Alfonso Salazar Aguirre, manager of a state factory at Santiago el Pinar, said the isolation of indigenous communities called for the creation of rural cities.

“The dispersed population around the territory was the reason for the rural city,” he said. “It is more difficult to provide services all over the territory when children walk two to three miles to school.”

Juan de Grijalva became Mexico’s first rural city in 2009, two years after a flood destroyed the village. Construction began in Santiago el Pinar the same year, and the federal and state governments worked to build 465 new houses and repair 489 to construct a new urban community in the traditionally rural highlands. The federal and state governments contributed 400 million pesos to the project, with additional funding from private organizations including the Azteca Foundation, according to Alejandro Gamboa, head of the Institute of Population and Rural Cities of Chiapas.

What sets Santiago el Pinar apart from previous social projects, according to Aguirre, is the idea that it is a “sustainable” rural city, providing residents not only government services, but also employment and sources of income.

“There are other rural towns but they are not called sustainable,” Aguirre said. “This is sustainability because her were are creating jobs.”

Aguirre is a manager at a factory that currently produces mobile carts for a government program that helps Mexican citizens sell food. All of the factory’s 150 employees are Santiago el Pinar residents, he said.

However, the rural cities project and sustainability claims have drawn criticism from groups involved in indigenous rights. The now defunct Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) released a seven-minute video on Santiago el Pinar titled “Scary, Brutal Cities” and criticized the government program for the forced displacement of indigenous communities.

The Fray Bartolomé de Las Casas Centro de Derechos Humanos (FrayBa), a San Cristóbal-based non-government agency, has cited potential human rights violations related the rural cities projects. According to the organization, state police arrested five individuals protesting in Juan del Grijavla in March and did not provide a defense attorney.

“Many people do not report violations because of fear,” said Rosi Rodríguez of FrayBa. “There is not sustainable capital in the sustainable cities.”

The state factory seeks to serve as the economic engine of Santiago el Pinar. Construction completed in February, and employees have worked for the past two months, earning a base salary of 3,000 pesos per month.

There are 150 employees at the plant, but Aguirre said he hopes to attain a workforce of 300 people. Many of the colorful model homes are unoccupied. Community leaders are still figuring out how to make decisions.

“It starts with a process of cooperation,” Aguirre said. “It is still a process.”

Gobierno busca un crecimiento sostenible en Santiago el Pinar

Hace unos años, Santiago el Pinar era un punto en un mapa, una comunidad campesina aislada en los altos de Chiapas. Unos de los municipios más pobres del estado más pobre de México.

Hoy en día, casas estandarizadas se aferran a las laderas conectadas por carreteras asfaltadas. La comunidad tiene su propio hospital y las escuelas de preescolar, primaria y secundaria proporcionan educación para los jóvenes que viven en la ciudad. Son las obras de la “ciudad rural,” un proyecto del gobierno de ingeniería social sobre los derechos de la pobreza y los pueblos indígenas.

Santiago el Pinar fue fundada formalmente como municipio en 1999. Un 2005 censuscenso de 2005 contaba 2.174 habitantes, el 96 por ciento de los cuales hablaban una lengua indígena. Casi todos los residentes trabajaban en la agricultura, y las dos terceras partes de analfabetos. Alfonso Salazar Aguirre, gerente de una fábrica estatal en Santiago el Pinar, dijo que el aislamiento de las comunidades indígenas pidieron la creación de ciudades rurales.

“La ciudad rural se hace razón de que la población esta disperso de toda el territorio,” dijo. “Es mas difícil dar servicios en otro lado de la tierra y otra está en otra porte donde está distancia de 4 kilómetros o 5 kilómetros vienen caminando a la escuela.”

Juan de Grijalva se convirtió en la primera ciudad rural de México en 2009, dos años después de una inundación que destruyó el pueblo. La construcción comenzó en Santiago el Pinar del mismo año, y los gobiernos federal y estatal trabajaron para construir 465 nuevas viviendas y la reparar 489 para la construcción de una nueva comunidad urbana en los altos. Los gobiernos federal y estatal han contribuido 400 millones de pesos para el proyecto, con fondos adicionales de las organizaciones privadas como la Fundación Azteca, de acuerdo con Alejandro Gamboa, director del Instituto de Población y Ciudades Rurales de Chiapas.

Santiago el Pinar es diferente, según Aguirre, porque la idea de que es “sustentable” de la ciudad rural, proporcionando a los residentes no sólo los servicios públicos, sino también el empleo y las fuentes de ingresos.

“Hay otras ciudades rurales pero no llevan el nombre sustentable,” dijo Aguirre. “La que llevan el nombre sustentable es esta porque aquí están creando empleos.”

Aguirre es un gerente de una fábrica que produce los carros móviles de un programa gubernamental que ayuda a los ciudadanos mexicanos venden alimentos. Todos los 150 empleados de la fábrica son los residentes de Santiago el Pinar, dijo.

Sin embargo, el proyecto de ciudades rurales y la sostenibilidad de las reclamaciones han recibido críticas de grupos que participan en los derechos indígenas. El Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), ahora extinto, hizo un vídeo de siete minutos en Santiago el Pinar titulado “Ciudades Brutales Asustables”, y criticó el programa de gobierno por el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas.

El Fray Bartolomé de Las Casas Centro de Derechos Humanos (FrayBa), una organización no gubernamental de San Cristóbal, ha citado violaciones de los derechos humanos potenciales relacionados con los proyectos de las ciudades rurales. Según la organización, la policía estatal detuvo a cinco personas que protestaban en Juan del Grijalva en marzo y no han proporcionado un abogado defensor.

“Muchos de ellos no denuncian por miedo,” dijo Rosi Rodríguez de FrayBa. ” No es sustentable porque no hay fruta capital..”

La fábrica del estado busca servir como el motor económico de Santiago el Pinar. La construcción terminó en febrero, y los empleados han trabajado durante los últimos dos meses, ganando un salario básico de 3.000 pesos por mes.

Hay 150 empleados de la planta, pero Aguirre dijo que espera alcanzar una plantilla de 300 personas. Muchos de los modelos de casas de colores están desocupados. Líderes de la comunidad siguen siendo encontrar la manera de tomar decisiones.

“Yo empecé con ellos el proceso de cooperación,” dijo Aguirre. “Todavía es un proceso.”